El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín había ordenado tres días de arresto contra el ministro de Educación, Daniel Rojas, tras una acción de tutela instaurada por la Gobernación de Antioquia. El requerimiento estaba relacionado con presuntos incumplimientos en la entrega de información sobre la liquidación de cesantías a docentes del departamento.
Sin embargo, pocas horas después de conocerse la medida, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín determinó revocar la sanción. El alto tribunal concluyó que el Ministerio de Educación sí había cumplido dentro de los tiempos establecidos con el derecho de petición.
El fallo del Tribunal resalta que la cartera actuó conforme a los principios de legalidad, eficiencia y diligencia administrativa, descartando cualquier omisión. Además, señaló que sí se realizó la notificación electrónica del acto administrativo y que la entidad respondió de manera oportuna a la Gobernación de Antioquia.
En ese sentido, el pronunciamiento subraya que no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante y que la acción de tutela perdió validez por “carencia actual de objeto” debido a que el hecho ya estaba superado.
Frente a esta decisión, el Ministerio de Educación emitió un comunicado aclarando que la orden de arresto nunca quedó en firme y que la información difundida inicialmente correspondió a una interpretación errónea. “El auto que circuló en medios no está ejecutoriado. Esa decisión ya fue revocada conforme a Derecho por el Tribunal Superior”, expresó la entidad.