Los suicidios de personas privadas de la libertad continúan en aumento en Colombia. Según las cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), mientras en 2022 se registraron 12 casos, en 2026 ya se contabilizan 20, la cifra más alta del periodo analizado, pese a que todavía faltan dos meses para finalizar el año. El panorama hace parte de una problemática más amplia relacionada con las condiciones del sistema penitenciario y la protección de los derechos de la población reclusa.
De acuerdo con los registros del INPEC, 1.237 personas privadas de la libertad fallecieron por causas naturales, mientras que los demás decesos estuvieron relacionados con suicidios, ataques con armas cortopunzantes, incineraciones, intoxicaciones, objetos contundentes, armas de fuego y accidentes. Uno de los episodios más graves ocurrió el 28 de junio de 2022 en la cárcel de Tuluá, donde se produjeron 54 de las 57 muertes por incineración reportadas en las estadísticas. La entidad aclaró que clasifica las causas de los fallecimientos, aunque su determinación corresponde al Instituto Nacional de Medicina Legal. Tampoco dispone de cifras que permitan establecer cuántas muertes por enfermedad estarían relacionadas con deficiencias en la atención médica, servicio que está bajo responsabilidad de la USPEC y sus operadores.
En cuanto a las posibles responsabilidades de funcionarios penitenciarios en algunos fallecimientos, especialmente en situaciones donde se habría omitido prestar asistencia a los internos, el INPEC reportó nueve procesos disciplinarios en etapa de indagación previa, pero ninguna investigación disciplinaria formalmente abierta contra funcionarios. Además, desde el 9 de septiembre de 2023, fecha de inicio de la actual administración del Instituto, no aparecen sanciones por estos hechos.
Las condiciones de hacinamiento también hacen parte del panorama. Al 22 de octubre de 2026, Colombia registraba 100.917 personas privadas de la libertad, de las cuales el 17,3 % estaban sindicadas. El indicador nacional de hacinamiento pasó del 20,1 % en 2022 al 28,1 % en 2025, aunque en 2026 presentó una reducción al 23,3 %. La situación es igualmente preocupante en las URI y estaciones de Policía, donde permanecían 17.866 detenidos para una capacidad de apenas 9.784 cupos, según información suministrada por la Policía Nacional al INPEC.
A estas dificultades se suma la disponibilidad de personal de custodia. El Instituto cuenta con 14.281 guardianes en servicio activo, frente a una planta de 15.148 cargos, lo que representa un promedio de un funcionario por cada 11,23 personas privadas de la libertad. En materia de infraestructura, entre 2022 y 2026 se habilitaron 2.456 nuevos cupos en cinco cárceles, mientras que otros 9.193 se encuentran en construcción o ampliación. Las cifras reflejan los retos que enfrenta el sistema penitenciario colombiano en materia de seguridad, atención a la población reclusa, prevención de muertes y mejoramiento de las condiciones de reclusión.