La exfiscal general de la Nación Viviane Morales regresó al Gobierno nacional tras ser designada este viernes por el presidente Abelardo De La Espriella como consejera comisionada de Paz. La funcionaria había salido previamente del Ministerio de Educación por motivos personales y ahora asumirá nuevas responsabilidades relacionadas con la política de paz del Ejecutivo.
Morales ocupará el cargo que durante el Gobierno de Gustavo Petro estuvo en manos de Otty Patiño. Además, asumirá de manera encargada la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, desde donde tendrá responsabilidades en el seguimiento de los compromisos derivados de lo pactado y en la evaluación de las acciones institucionales relacionadas con su cumplimiento.
De acuerdo con el Gobierno, una de sus principales tareas será revisar lo que la administración denomina la «falsa paz». Para ello, liderará una evaluación de la implementación de los acuerdos, con énfasis en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la destinación de los recursos públicos y las dificultades institucionales que, según el Ejecutivo, han afectado los procesos de justicia y reparación para las víctimas.
La administración también señaló que la nueva consejera deberá identificar las fallas que hayan obstaculizado las garantías de seguridad para los colombianos. El propósito anunciado es establecer qué aspectos de la implementación requieren ajustes y verificar el uso de los recursos estatales destinados a las políticas relacionadas con la paz.
Con este nombramiento, el Gobierno busca modificar el enfoque de seguimiento a los acuerdos y revisar las actuaciones adelantadas en administraciones anteriores. Según la posición oficial, la decisión responde a la intención de impedir que el discurso de paz sea utilizado como instrumento para favorecer la impunidad o conceder privilegios políticos.
La llegada de Morales representa, así, un nuevo movimiento dentro del equipo gubernamental encargado de los asuntos de paz. Su gestión estará marcada por la revisión de los compromisos vigentes, la evaluación de los resultados alcanzados y el examen de las actuaciones institucionales relacionadas con la implementación de los acuerdos.