La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional había impuesto cargas tributarias a las empresas generadoras de energía durante la emergencia económica y social decretada a comienzos de 2026.
La decisión quedó consignada en la Sentencia C-115 de 2026, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, mediante la cual la Sala Plena dejó sin efectos jurídicos el Decreto Legislativo 44 del 21 de enero de 2026, expedido con el propósito de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica durante el estado de excepción.
Según explicó el alto tribunal, la norma cayó “por consecuencia”, debido a que previamente la Corte ya había declarado inexequible el Decreto 1390 de 2025, que sustentaba la declaratoria de emergencia económica, mediante la Sentencia C-075 de 2026.
La Corte también definió los efectos de la decisión frente a los recursos recaudados a las generadoras de energía. En ese sentido, estableció que la medida tendrá efectos retroactivos, por lo que el dinero cobrado deberá ser devuelto o compensado a las empresas afectadas. Para ello, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) contará con un plazo máximo de seis meses.
Respecto a la energía entregada bajo el esquema contemplado en el decreto, el tribunal señaló que las compañías podrán aplicar esos valores dentro del impuesto de renta. En caso de superar los límites legales establecidos, dichos montos podrán ser compensados en períodos posteriores.
Para adelantar ese proceso, el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) será el encargado de certificar la cantidad de energía suministrada y el valor correspondiente.
La decisión fue aprobada por la Sala Plena con una votación de 8-0. El magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño presentó aclaración de voto, mientras que Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó en la discusión por impedimento. Cabe recordar que este decreto ya había sido suspendido provisionalmente desde el pasado 6 de febrero mientras avanzaba el estudio de fondo sobre su constitucionalidad.