Un año después del atentado que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el caso continúa marcando la agenda política y judicial del país. El dirigente del Centro Democrático fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025 durante un acto político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Tras permanecer más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, falleció el 11 de agosto, en medio de múltiples muestras de solidaridad y conmoción nacional.
La muerte de Uribe Turbay impactó profundamente a Colombia por su papel como una de las principales figuras de oposición al Gobierno de Gustavo Petro y por el simbolismo de su historia familiar, marcada también por el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, en 1991. El crimen revivió además los recuerdos de la violencia política que golpeó al país durante décadas y encendió las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos.
En el plano judicial, la Fiscalía ha vinculado a 17 personas con el atentado y ha capturado a nueve de ellas. Las investigaciones apuntan a que detrás del asesinato estaría la estructura armada de la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las antiguas FARC. Según el ente acusador, el homicidio tuvo motivaciones políticas y reúne las características de un magnicidio por su impacto sobre la democracia y el proceso electoral.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitó recientemente que varios integrantes de la Segunda Marquetalia sean declarados personas ausentes para avanzar en su imputación. Entre los señalados figuran alias “Iván Márquez”, “John 40”, “Rusbel”, “Enrique Marulanda”, “Gonzalo”, “Yako” y “Zarco Aldinever”, considerados piezas clave dentro de la estructura investigada.
El atentado también alteró el panorama de las elecciones presidenciales de 2026. La ausencia de Miguel Uribe obligó al Centro Democrático a reorganizar su estrategia y respaldar la candidatura de Paloma Valencia, quien finalmente ocupó el tercer lugar en la primera vuelta. Mientras las autoridades continúan buscando a todos los responsables intelectuales y financieros del crimen, el caso permanece como uno de los episodios políticos más trascendentales y dolorosos de la historia reciente del país.