La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo destinado a implementar un sistema de validación para el ingreso de aficionados a los estadios de fútbol. La exfuncionaria deberá responder por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
La investigación está relacionada con la implementación del mecanismo establecido en el Decreto 1622 de 2022, que buscaba vincular los documentos de identidad de los aficionados con sus respectivas entradas a los escenarios deportivos. La herramienta tecnológica también permitiría verificar los antecedentes de los asistentes y restringir el ingreso de personas que tuvieran impedimentos para acceder a los estadios.
Según la Fiscalía, durante la administración de Urrutia en el Ministerio del Deporte se suscribió directamente un convenio interadministrativo con Aldesarrollo por un valor superior a los 4.950 millones de pesos. El acuerdo contemplaba el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional y del procedimiento de acceso a los escenarios deportivos, pero habría desconocido disposiciones que exigían garantizar la pluralidad de oferentes.
Entre las presuntas irregularidades identificadas, el ente acusador señaló que el convenio habría condicionado la subcontratación de una particular cuya participación, al parecer, estaba acordada previamente. Además, la investigación encontró posibles anomalías en la etapa precontractual, como la falta de estudios de mercado y de procedimientos para determinar el valor del contrato y los costos de las actividades previstas. También se habrían desatendido advertencias de funcionarios técnicos y jurídicos del Ministerio sobre posibles vicios en el proceso.
Pese a las observaciones internas, Urrutia habría firmado el convenio el 30 de diciembre de 2022. La Fiscalía también cuestionó el contenido de documentos públicos relacionados con la contratación, pues en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación se habrían incluido afirmaciones que no correspondían con la realidad. Con la formulación de acusación, el proceso judicial avanza hacia la etapa de juzgamiento, en la que deberán establecerse las responsabilidades de la exministra.