Por: Alfonso Vélez Jaramillo
Al ex alcalde de Neiva Rodrigo Armando Lara Sánchez, sin ser candidato y sin haberlo dicho expresamente, lo han puesto a sonar en un medio de comunicación escrito local.
Incluso, colocaron su nombre en una encuesta como candidato a la gobernación del Huila sin este haberlo mencionado oficialmente, ni hacer algún tipo de campaña, motivo por el cual ha tenido en expectativa a los Huilenses si se lanza o no.
Creo que le asisten dudas razonables, asunto que ha detenido el anuncio de decisión. Lara podría estar incurso en una posible inhabilidad que lo tiene ocupado y debe estar afanosamente consultando con sus asesores de confianza.
Quienes ventean su posible aspiración deben estar muy pensativos y especulando más con el deseo de volver al gobierno, que con su viabilidad.
Este 29 de julio vence el plazo para inscribir candidaturas, faltan pocos días y como Lara no se pronuncia al respecto y sigue callado, ya comenzaron a surgir las razones que muy posiblemente podrían estar frenándolo.
Él sabe que estaría incurso en el régimen de inhabilidades y por este motivo no se decide a hacer pública su aspiración.
Un asunto que por obvias razones sus allegados no publican, tienen sus dudas frente a la viabilidad jurídica de una eventual candidatura, inclusive para inscribirse.
Específicamente son dos hechos claros, notorios y públicos por los cuales Rodrigo Lara estaría inmerso en el régimen de las inhabilidades:
Se sabe que es cirujano del tórax y su actividad profesional le ha permitido devengar sus ingresos de la ESE departamental Hospital Hernando Moncaleano, en donde presta sus servicios en calidad de contratista.
Su vinculación contractual se ha hecho a través de un gremio para su propio interés y para una empresa que es propiedad de la Gobernación del Huila, así de sencillo.
Precisamente, el nuevo Código Departamental modificado con base en la Ley Orgánica 2200 de 2022 que moderniza y organiza el funcionamiento de los departamentos, establece en el numeral 9º. del artículo 111, que quien tenga un contrato directo o a través de terceros está incurso en inhabilidad para ser gobernador.
El segundo caso es que Lara es presidente de la Corporación Club Campestre de Neiva, que ha celebrado contratos con Corposanpedro en el presente año.
La ley es taxativa y establece que quien haya celebrado y/o gestionando contratos con el Estado en el último año está inhabilitado para ser gobernador.
Este año el Club Campestre, celebró contratos con Corposanpedro, entidad propiedad en un buen porcentaje de la Gobernación del Huila.
Para más señas, Corposanpedro, Corporación para la Promoción de la Cultura y el turismo, es una persona jurídica creada mediante ordenanza 016 de 2014 de la Asamblea del Departamento del Huila para coordinar, operar, promocionar, fortalecer, proteger el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco.
El 21 de noviembre de 2014, la Asamblea de accionistas mediante Acta No. 1 inscribió la entidad ante la Cámara de Comercio bajo el número 32555 del libro 1º. de Registros.
No son conjeturas ni supuestos, hay antecedentes similares y específicamente el de Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas / Antanas Mockus, elegido Senador de la República para el período 2018-2022, cuando Corpovisionarios había firmado un contrato con una entidad pública.
Mockus no firmó directamente el contrato, lo firmó el director ejecutivo, pero igual que en el caso de Lara era presidente de la organización y resultó que por su cargo participó en la gestión de un contrato con una entidad, que, en este caso, Corposanpedro, también es propiedad en buen porcentaje de la Gobernación del Huila.
“El representante legal de una persona jurídica se tendrá como tal para todos los efectos legales, así como en aquellas que permiten predicar que el demandado suscribió los contratos arriba señalados por medio de un mandato con representación…”, según la jurisprudencia en la Sentencia de Consejo de Estado 00080 de 2019, so b re el caso Mockus, la misma situación en que está Rodrigo Armando Lara Sánchez.
A esto se le suman recientes casos, como el del Representante Víctor Andrés Tovar que tenía como un seguro los conceptos en el sentido favorable por parte de altos asesores y jurisconsultos que resultaron rebatibles a la luz de lo taxativa y fría que es la norma, en estos casos.
De manera que hay motivos para admitir que existen dudas razonables de su posible inhabilidad por cuya razón Lara no ha tomado la decisión y debe estar en una engorrosa situación con sus abogados. ¿Lara está inhabilitado?
