La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, por el escándalo de interceptaciones ilegales ejecutadas por el DAS. La decisión reafirma su responsabilidad en actos destinados a desprestigiar a la Corte Suprema.
El fallo señala que ambos utilizaron recursos del DAS y la UAIF para grabar de manera ilícita las reuniones de magistrados de la Corte, involucrando a trabajadores infiltrados en las instalaciones. Las grabaciones se filtraron a la periodista Gloria Congote y fueron publicadas en la Revista Semana, buscando generar una narrativa maliciosa contra los magistrados.
Además, se estableció que estas acciones eran parte de una estrategia liderada por Bernardo Moreno, entonces secretario general de la Presidencia, con el objetivo de desacreditar a la Corte y a figuras como Daniel Coronell, Gustavo Petro y Piedad Córdoba.
Tras años de dilación, este fallo representa un avance en la búsqueda de justicia frente a los abusos de poder durante ese periodo. La ratificación del fallo subraya la gravedad del ataque contra la independencia judicial y la prensa.
